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Periodistas presentan demanda en PGR por espionaje

Periodistas presentan demanda en PGR por espionaje”

Una investigación en la que colaboraron diversas organizaciones internacionales demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a los gobiernos, con el objetivo de espiar teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

Los periodistas y otros recibieron mensajes en sus celulares con enlaces que, al hacer clic en ellos, permitían que sus dispositivos fueran intervenidos.

El software se apodera del teléfono celular del individuo y permite acceder a todos sus datos y funciones, por lo cual es una herramienta autorizada solo para perseguir criminales o terroristas.

"El acuerdo explícito indica que se utilizaría únicamente para combatir a terroristas, a cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos", dice el artículo de Azam Ahmed y Nicole Pelroth.

También advirtió que los mensajes no son aislados, sino sistemáticos, pues la mayoría llega en casos muy mediáticos, son implementados con una infraestructura común y contienen textos muy parecidos.

"Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona", enfatiza.

Citizen Lab mencionó que documentó al menos 76 mensajes que contenían enlaces para que las víctimas los abrieran y permitieran el espionaje sin saberlo. Varios de esos textos fueron enviados en agosto de 2015 y entre abril y julio de 2016. Él es conductor de un noticiario en Televisa y columnista para el periódico El Universal.

Sin embargo, tras reflexionarlo un poco más cambió su forma de pensar.

"Después de pensarlo no me parece un asunto menor, ni siquiera en un contexto tan violento porque por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los levantotes, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad que favorece que nada de esto se investigue, que nada de esto se castigue".

Estos ataques se dirigieron al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y a su hijo Emilio (de entonces 16 años); al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón y a los abogados de la misma organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer. "Es el caso más claro de abuso y uso indebido de este tipo de tecnologías" agregó el representante de Citizen Lab.

La periodista Carmen Aristegui aseguró que "hoy tenemos certeza de que el espionaje es una actitud institucional" y que "no es casual que en momentos en que el gobierno debió dar respuestas, prefirió espiar a periodistas y defensores".

La carta al editor, misma que fue compartida por Eduardo Sánchez, coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, señala que "se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes".

Dichos ataques empatan en fechas con las reacciones del gobierno federal ante la publicación del reportaje "La Casa Blanca de Peña Nieto" y el diseño del nuevo espacio informativo de Aristegui Noticias.



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