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Aprueban Ley General en materia de Desaparición Forzada

Aprueban Ley General en materia de Desaparición Forzada”

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y turnó al Ejecutivo Federal la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ordenamiento que prevé hasta 90 años de prisión para quien prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público.

La CNDH, añadió en un comunicado, exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo para que durante el periodo de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se contemple los recursos económicos necesarios para la instrumentación integral de dicha ley que entrará en vigor en cuanto el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación, para lo cual ya le fue turnada.

La nueva legislación que fue aprobada en los términos sugeridos por el Senado, deriva de la reforma de 2015 al artículo 73 constitucional que facultó al Congreso a expedir una ley general en materia de desaparición forzada, en un plazo de 180 días, el cual venció el 6 de enero del 2016.

"Además, la ley establece el marco para regular la declaración de ausencia por desaparición; fortalece el derecho a la reparación de las víctimas, y adopta un enfoque diferenciado para dar una atención especializada a diversas personas en situación de vulnerabilidad", agregó Jan Jarab.

Establece la distribución de competencias y la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para combatir este delito, e incrementa las penas para quienes lo cometan.

Asimismo, se determina que las penas pueden aumentar hasta en un 50% cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad, personas con discapacidad, periodistas o defensores de derechos humanos; también se incrementarán las penas cuando las víctimas pierdan la vida.

Con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se diseñarán políticas públicas y procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

A la desaparición forzada cometida por particulares se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

Órgano de consulta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo fundamental es el involucramiento de la sociedad civil de las víctimas en el seguimiento de las actividades que desarrollará el Sistema.

Reiteró el compromiso del GPPRD con las víctimas y con las familiares de personas desaparecidas. "Esto es una condición básica para que la Ley opere de manera efectiva en favor de las miles de personas desaparecidas en el país y de sus familias, y prevenga la realización de la conducta delictiva", señaló.



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