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Envían a La Picota al exalcalde de Magangué, Marcelo Torres

Envían a La Picota al exalcalde de Magangué, Marcelo Torres”

Tras una semana de audiencias, el juez segundo promiscuo municipal de Magangué, con funciones de Control de Garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Marcelo Torres Benavides, exalcalde de este municipio, que se cumplirá en el pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá.

"El exmandatario fue capturado el pasado 3 de octubre en una investigación por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica", indicó el organismo en un comunicado.

La Fiscalía reveló una serie de inconsistencias presentadas al suscribir dicho contrato.

No se suscribió el convenio a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fue otorgado de manera directa a la cooperativa Coomsalud.

No existió un diagnóstico de seguridad alimentaria y nutricional de la población infantil de nivel 1 y 2 del Sisbén, tampoco hubo un listado priorizado de las madres gestantes a atender.

No fue articulado el programa con los planes territoriales de salud ni se tuvieron en cuenta las directrices del Plan Nacional de Salud Pública. Los investigadores cuestionan que en el expediente fueron halladas hojas de vida de profesionales de la salud, administradores y economistas que manifestaron no haber prestado nunca sus servicios para el convenio.

Igualmente, La Fiscalía reveló que el convenio suscrito también tenía como acuerdo la construcción de una sala de apoyo para la lactancia materna y adecuación de espacios en el Hospital La Divina Misericordia de Magangué, pero las obras no se realizaron.

Primero: trescientos millones de pesos ($300.000.000), el 16 octubre de 2015. "El marco jurídico para aquel tipo de contratación, no fue el adecuado", aseguró el juez durante la diligencia, al cuestionar que el exalcalde no promovió la defensa de los derechos de los más desfavorecidos.

Al respecto, el juez cuestionó: "De nada sirven la políticas sociales del gobierno cuando en su ejecución no se cumplen los requisitos legales".

El convenio que fue materia de investigación se firmó en el 2015, ascendía a más de mil millones de pesos (unos 338,776 dólares) y se pagó pero no se ejecutó.



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