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Colocarán cámaras y botones "antipánico" en colectivos

Colocarán cámaras y botones

Asimismo, sostuvo que la posibilidad de colocar vidrios blindados para proteger a los choferes es una idea "que no tenía demasiado consenso, porque había delegados que se oponían", por lo que las medidas que fueron "ampliamente aceptadas" fueron las cámaras de seguridad y los botones antipánico.

Tras el crimen de Leandro Alcaraz, el colectivero de la línea 620 que fue asesinado por dos hombres borrachos el domingo por la tarde en Virrey del Pino, el gobierno bonaerense decidió dotar a esos vehículos de botones antipánico y otorgar créditos para la instalación de cámaras a bordo.

Respecto del crimen conocido anoche, el Ministro informó que trabaja "con la fiscalía para esclarecerlo lo más rápido posible" aunque remarcó que el asesinato del joven de 26 años "tiene que ver con la violencia, no con un robo" porque se trató de "una discusión que termina con un asesinato lamentable".

Su jefe de Gabinete, Alejandro Rodríguez, denunció que en dos años, Patricia Bullrich retiró los 1.600 gendarmes que realizaban tareas de prevención en el distrito, al tiempo que denunció que la gobernadora María Eugenia Vidal no responde los numerosos pedidos de audiencia que le elevaron desde La Matanza.

Para eso, el Banco Provincia habilitará una línea de crédito de hasta 48 meses para que los propietarios puedan financiar el equipamiento.

La normativa exige que las filmadoras "deberán encontrarse en un lugar visible, procurando la conservación de las mismas, y su buen funcionamiento".

La ley votada por el Parlamento prevé además que los micros deben estar señalizados con cartelería que indique que las mismas cuentan con cámaras de seguridad. Y en el caso de las cámaras no sólo las puede tener la empresa, sino los centros de monitoreos de los municipios. Y quedó establecido "que las imágenes obtenidas tienen carácter absolutamente confidencial y que las mismas solo podrán ser requeridas por la autoridad pública o judicial que se encuentre avocada a la investigación o al juzgamiento de causas penales o contravencionales". "Estamos en medio de la restructuración tarifaria", era el argumento de las compañías.



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