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Calcaterra admitió pagos ilegales y quedó en libertad

Calcaterra admitió pagos ilegales y quedó en libertad”

Se convirtió en "imputado colaborador", una figura legal que beneficia con una reducción de la pena a quienes aporten información valiosa en la causa en la que están involucrados.

Calcaterra se puso a disposición de la Justicia y declaró que el Gobierno, durante el kirchnerismo, le exigió fondos para las campañas electorales del 2013 y del 2015, en momentos en que IECSA estuvo a punto de fundirse.

Leer también: "Ángelo Calcaterra, el primo que quema a Mauricio Macri". Durante el fin de semana, permaneció allí junto a Juan Carlos De Goycochea, otro de los empresarios arrepentidos-. El 17 de marzo de 2017 el empresario Marcelo Mindlin compró IECSA, la rebautizó SACDE y desplazó a Sánchez Caballero.

Cerca de las 11 ya se había firmado el acuerdo que lo convertirá en imputado colaborador cuando el juez de la causa lo homologue. En tanto, Sánchez Caballero fue excarcelado por el magistrado. La empresa también se asoció con Ghella (Italia) para obras de mayor porte.

La misma movida judicial la hizo el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, que fue el que llevó el registro de los pago de coimas, anotando cada detalle en 8 cuadernos escolares, cuyas copias tuvo acceso la Justicia a través de un periodista del diario La Nación.

De todas maneras, Stornelli espera que se arrepientan otros empresarios y aporten datos para lo que en definitiva se investiga: una asociación ilícita liderada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

La Justicia lo acusó de "realizar pagos por ODS SA y por IECSA SA que se concretaron en Machaca Güemes 351 en el garaje del hotel Hilton". Las anotaciones indican además que el 30 de junio de 2015 Nelson Lazarte, mano derecha de Baratta, retiró U$S 1.250.000 que le entregó el ahora detenido empresario.

Los escritos de Centeno desataron una ola de allanamientos y detenciones que abarcan desde el propio ex chofer (actualmente como "arrepentido", en libertad y bajo el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados) hasta empresarios que amasaron fortunas con la obra pública.



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